Cientos de personas en Filadelfia podrían perder dinero de asistencia del coronavirus porque los cheques de estímulo no están a salvo de los cobradores de deudas

(Tyger Williams/The Inquirer)

Nota de la editora: Este artículo se publicó originalmente en inglés por Christian Hetrick para The Inquirer. Fue traducido por Diana Cristancho y editado por Zari Tarazona para Kensington Voice.

Cientos de personas en Filadelfia podrían ser bloqueadas de sus cuentas bancarias y podrían perder sus cheques federales de estímulo del coronavirus a los acreedores y cobradores de deudas, cortándolos de los fondos que pueden necesitar para pagar la renta y comprar comida durante la pandemia.

En los tres meses antes de que la crisis del coronavirus cerró los juzgados, los jueces de la corte municipal de la ciudad emitieron más de 400 órdenes de embargo, que permiten a las personas y a las empresas cobrar sus ganancias después de tener éxito en casos civiles, según un cálculo Community Legal Services (CLS en inglés), una firma de abogados sin fines de lucro que representa a los residentes de bajos ingresos.

La mayor parte de las órdenes de embargo vienen de casos presentados por cobradores de deudas y acreedores, que demandan a los clientes cuando se atrasan en los pagos de tarjetas de crédito y préstamos, dijo la abogada de CLS, Laura Smith. Los sheriffs a menudo dan las órdenes a los bancos para congelar las cuentas de los consumidores, impidiendo que gasten o retiren dinero.

Eso significa que cientos de residentes de Filadelfia pueden tener sus fondos congelados en un momento en que millones de estadounidenses están sin trabajo. Y podrían ser bloqueados de obtener los cheques de estímulo federales que no estaban protegidos de los cobradores de deudas cuando el Congreso creó rápidamente la ley CARES, el paquete de alivio del coronavirus de $2.2 trillones. Tomando los pagos de alivio, hasta $1,200 para individuos y $2,400 para parejas casadas, más $500 por niño, ha provocado críticas generalizadas, con legisladores, defensores de los consumidores y bancos pidiendo a los funcionarios federales que resuelvan el problema.

“Se supone que es un sustento para las personas que están en crisis para comprar alimentos y medicinas y pagar la renta y los servicios públicos”, dijo Smith. “Pero desafortunadamente, no hay nada en la ley que proteja claramente el dinero del embargo”.

El embargo es un acuerdo en el cual los acreedores obtienen una orden judicial para obligar a los bancos a congelar las cuentas de las personas con sentencias en su contra. Los bancos, que actúan en nombre de los cobradores de deudas, pueden tomar dinero de las cuentas de estos residentes para pagar su deuda pendiente.

En los 90 días antes del 20 de marzo, había 413 órdenes de embargo válidas en la división de reclamos menores de Philadelphia Municipal Court, que maneja reclamos de menos de $12,000, dijo Smith. Las órdenes, también conocidas como órdenes de ejecución, deben ser servidas a un banco dentro de los 90 días una vez emitidas.

Había más órdenes de embargo en Philadelphia Common Pleas Court, pero el servicio legal no pudo analizar exactamente cuántas.

En unas cartas con fechas del 20 de marzo y el 16 de abril, Smith urgió a Philadelphia Common Pleas y las cortes municipales a detener las órdenes de embargo existentes para que las familias vulnerables puedan acceder a sus cuentas bancarias durante la crisis.

El miércoles 22 de abril, los jueces presidentes de Philadelphia Common Pleas y las cortes municipales ordenaron que las órdenes de embargo ya no se pueden emitir o entregar hasta nuevo aviso. Pero los residentes de Filadelfia cuyas cuentas bancarias ya están congeladas debido a las órdenes existentes deben presentar una petición de emergencia.

Un portavoz de las cortes dijo que no pueden eximir de embargo a los fondos federales de estímulo, diciendo que esa autoridad legal recae en los poderes legislativo y ejecutivo.

“La corte simpatiza con los problemas que los residentes de Filadelfia podrían enfrentar al tener sus cuentas bancarias congeladas”, dijo el portavoz en un comunicado. “Por esa razón, la corte tiene un procedimiento para que cualquier persona presente una petición de emergencia y, si es necesario, tenga una audiencia sin salir de su hogar. Ese procedimiento está publicado en el sitio web de la corte”.

Smith, quien ha representado a cinco clientes cuyas cuentas fueron congeladas cuando las cortes cerraron, dijo que espera que un proceso de emergencia para descongelar las cuentas tome solo unos días, pero que nadie lo ha intentado porque nadie lo sabía hasta el miércoles.

“Es un procedimiento jamás probado”, ella dijo. “No está garantizado, y para las personas que tienen un juicio válido contra ellos y cuyos fondos no están protegidos por ninguna exención estatal existente, no hay nada que puedan presentar para obtener su dinero. Simplemente lo van a perder”.

En Washington, legisladores y cabilderos han trabajado para proteger los pagos de estímulo del cobro de deudas. La ley federal de alivio que el Congreso aprobó rápidamente eximió los fondos de las deudas debidas a agencias federales y estatales, pero no abordó los embargos ordenados por la corte para pagar a los acreedores. Aunque los legisladores no dividieron directamente los pagos del cobro de deudas privado, algunos han dicho que su intención era clara: asegurar que los estadounidenses que experimentan dificultades debido a la crisis reciban asistencia financiera crítica.

Al menos 17 senadores de los Estados Unidos, incluso un republicano, han firmado cartas instando al Departamento del Tesoro a eximir a los fondos de estímulo del cobro de deudas privado a través de sus poderes de reglamentación. El departamento no devolvió una solicitud de comentarios. The Washington Post, citando fuentes anónimas, informó que el departamento está revisando si tiene la autoridad para detener las incautaciones de estímulo.

En otra carta, 25 fiscales generales del estado, incluyendo Josh Shapiro de Pensilvania y Gurbir Grewal de Nueva Jersey, pidieron al Departamento del Tesoro que tome medidas inmediatas para abordar el problema. “Durante esta crisis económica y de salud pública, los estados no creen que los miles de millones de dólares apropiados por el Congreso para ayudar a mantener a flote a los estadounidenses que trabajan duro estén sujetos a embargo”, dice la carta.

Y en una alianza improbable, los defensores de los consumidores y la industria bancaria pidieron conjuntamente a los líderes del Congreso que aclaren que los pagos están sujetos a una exención federal de embargo, como el Social Security.

“Muchos se preguntan si fue simplemente un descuido de la redacción legislativa o un error, o si el Congreso eligió intencionalmente no conferir el estado de un pago de beneficios protegido federalmente a estos pagos de impacto económico”, dijo Lori Sommerfield, una abogada de Minneapolis, quien ha seguido de cerca la ley y representa a la industria bancaria para la firma de abogados Ballard Spahr en Filadelfia. “En cualquier caso, está creando muchos problemas para la industria bancaria, incluido el riesgo de reputación”.

Por su parte, los cobradores de deudas dicen que han sido vilipendiados injustamente. ACA International, una asociación de profesionales de crédito y cobranza, dijo que sus miembros están cumpliendo con innumerables leyes y regulaciones de protección al consumidor, y no están dirigidos a los consumidores que enfrentan desafíos financieros.

“Los miembros de la ACA no podían ni estarían dirigidos específicamente a los fondos de estímulo por múltiples razones, incluyendo su compromiso a compasión y empatía para los consumidores”, dijo el grupo en un comunicado. “Más allá de eso, los coleccionistas ni siquiera conocerían el carácter de los fondos contenidos en la cuenta bancaria de un consumidor o la fuente de estos fondos, lo que haría imposible apuntar a los fondos de estímulo”.

Smith, la abogada de CLS, dijo que pudo ayudar a descongelar cuentas bancarias para cuatro clientes a través de negociaciones con abogados opositores. Una cliente era una madre de 52 años con tres hijos del norte de Filadelfia, cuya cuenta fue congelada como resultado de una deuda fraudulenta. Ella no abrió la cuenta que resultó en el juicio en su contra, dijo Smith.

La mujer, quien habló con The Inquirer con la condición de que sólo se use su apellido, Sanders, dijo que recientemente perdió su trabajo como conductora de autobús escolar debido a la pandemia. Entre eso y estar bloqueada de su cuenta bancaria durante unos dos meses, tenía miedo de que alguien apareciera en su casa un día para apoderarse de su auto y sus muebles para pagar la misteriosa deuda.

“Estaba tan nerviosa y conmocionada”, ella dijo. “Estuve nerviosa durante meses, y sólo oré”.


Traductora: Diana Cristancho / Editora: Zari Tarazona / Diseñadora: Jillian Bauer-Reese

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